Airbnb se acaba de apuntar un tanto judicial que podría marcar un antes y un después en su batalla legal con las instituciones. En 2014, la ciudad de Barcelona multó a la aplicación colaborativa con 30.000 euros al considerar que reviste un servicio ilegal con apariencia de legalidad dando una falsa seguridad a sus usuarios. Ahora un juez de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha estimado el recurso que interpuso la aplicación tras pagar la multa, y le ha dado la razón.
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