El estado de alarma ya existía en las residencias desde hace tiempo. A corto plazo, el Gobierno debería hacerse con el control efectivo de todas las residencias, destinar personal médico y de atención directa suficiente según necesidades y procurar salvarle la vida al máximo número posible de personas mayores, sin más criterio que el de la atención humanitaria. A medio plazo, este sector nunca más puede dejarse en manos de aquellos cuyo único criterio se basa en la rentabilidad económica.
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