El Tribunal de Cuentas ha precisado que la cuantía que se puede reclamar al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y otros ediles del PP de Vitoria por contratar con dinero público un alquiler a precio superior al del mercado suma 516.514,36 euros, pero ha querido dejar claro que el procedimiento sólo puede seguir adelante si alguna de las partes decide interponer una demanda, dejando así la decisión principalmente en manos de la fiscalía.
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