Los gobiernos de Andalucía, Galicia y Canarias continúan a día de hoy costeando las viviendas en las que residen los presidentes de sus tribunales superiores de justicia, la instancia judicial competente para investigar y en su caso enjuiciar casos que puedan afectar a altos cargos de esos ejecutivos y a parlamentarios regionales por gozar éstos de aforamiento. Existe un cuarto caso, el de Castilla-La Mancha, en el que el presidente reside en un edificio propiedad del Ministerio de Justicia al no haberse transferido todavía las competencias
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