El extesorero de Alianza Popular y su primogénito, acusados de ayudar a Bárcenas a poner a salvo parte de su fortuna suiza, aseguran en sus escritos de defensa que los delitos de los que se les acusa se cometieron fuera de España, por lo que los tribunales de nuestro país ya no son competentes tras la reforma de Gallardón.
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