En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, la Fiscalía considera "altamente contrastado" la "pasividad institucional de la Comunidad de Madrid (CAM) en el control de las operaciones del grupo Canal de Isabel II en Sudamérica a lo largo de los años"."Nadie dentro de la Administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal para la compra de Inassa", subraya Anticorrupción.
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