Ante el riesgo de fuga de la empresa, que está en manos de testaferros peruanos desde marzo pasado, exigen «la constitución de fianzas por ese monto que permitan asegurar la explotación. También resaltan el turbio pasado de los inversionistas que ejercen el control real de la empresa, con un historial de violaciones a los derechos humanos en Colombia»
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