La alta tasa de desempleo y el aumento del paro de larga duración alientan la creación de empresas ficticias que facilitan el acceso indebido a las prestaciones. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Empleo, sólo entre 2013 y 2014 fueron detectados y cancelados por la Inspección de Trabajo más de 42.000 contratos de ese tipo.
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