Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría poner en cuestión el sistema de copago farmacéutico implantado en España por el Real Decreto Ley 16/2012, pues el Derecho de la Unión se opone a que dos administraciones públicas de un Estado miembro se transmitan y traten datos personales sin que los interesados hayan sido previamente informados de ello.
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