16 activistas y un fotoperiodista independiente se exponen a posibles penas de dos años y ocho meses de cárcel por una protesta pacífica para denunciar el peligro en la central nuclear de Cofrentes (Valencia) el 15 de febrero de 2011. Además, la organización ecologista podría tener que afrontar un pago de 357.371 euros en concepto de multas e indemnizaciones como presunto responsable civil subsidiario.
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