Los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 blindaron los expedientes religiosos,que no son exigibles por la justicia ni por el Gobierno. Las víctimas exigen que se hagan públicos los casos de pederastia que ha investigado la justicia canónica,que tiene sus propias leyes y solo responde ante la Santa Sede. El secreto ha alcanzado también a partidas de nacimiento de niños adoptados irregularmente en el pasado, a las propiedades inmatriculadas por la Iglesia, o los inaccesibles expedientes de bautismo..
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