Blackstone se hizo con casi 2.000 pisos públicos en una operación que ha sido calificada como fuera de la ley por la Cámara de Cuentas de Madrid.La exalcadesa se preguntó:"¿De qué problemas habla?", cuando los inquilinos informaron de que la dueña subía los alquileres para renovar los contratos y comunicaba procesos de desahucio.La operación buscaba fondos para evitar la desaparición de la Empresa Municipal de Vivienda, ahogada por el endeudamiento al que se la había llevado.
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