En concreto, la demanda alude a presuntos delitos de prevaricación,malversación de caudales públicos,tráfico de influencias y fraude "por fuertes evidencias de fraccionamiento en numerosos contratos menores firmados en el año 2016. "La plataforma considera que se está haciendo un "uso y abuso" de estos contratos menores y estudia si este tipo de relación laboral se está realizando para "adjudicar a dedo" recursos públicos.La Cámara de Cuentas detectó durante 2017 diversas prácticas de fraccionamiento de contratos menores en diversas consejerías
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