Hasta la fecha, las administraciones públicas patrias han gastado más de 50.000 millones de euros en financiar tan megalómana obra pública: esto es, más de 2.700 euros por familia. Semejante esfuerzo (obligatorio) de la sociedad española ha permitido tejer una red de 3.240 kilómetros de alta velocidad, la mayor de Europa y la segunda mayor del planeta. El problema, como suele suceder con la planificación centralizada del Estado, es que, en realidad, los usuarios efectivos del servicio no están dispuestos a abonar su coste total.
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