El Ayuntamiento llevará a cabo una reorientación de los criterios de actuación jurídica para evitar duplicidades donde ya actúa la Fiscalía de Barcelona y para reducir los costes de la externalización de los servicios jurídicos. Optará, siempre que sea posible, por vías relacionadas con la mediación. Se establecerá un registro único de litigios municipales, “con la voluntad de compartir conocimiento y hacer más transversal la labor de los servicios jurídicos municipales”.
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