El 22 de diciembre de 2020, el fiscal Anticorrupción que ha investigado el caso remitió un requerimiento al representante legal de la empresa municipal que suscribió los contratos, el ente responsable de los Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid, informándole de la investigación, e inquiriéndole que solicitase al “Ayuntamiento de Madrid” para que fuera aportada al procedimiento información sobre la “identidad de las personas físicas que negociaron” los contratos “por ambas partes”, así como los “eventuales intermediarios”
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