Ayuntamientos y diputaciones provinciales pagan a sus funcionarios y empleados primas de varios miles de euros, a menudo de varias decenas de miles, como premios por anticipar su jubilación sobre la edad ordinaria, que se encuentra en pleno proceso de retraso hasta los 67 años para el conjunto de los trabajadores y que ministros como José Luis Escrivá responsable precisamente de la Seguridad Social, son partidarios de atrasar más todavía, hasta los 75. La medida, que supone anualmente un coste de varios millones de euros para las arcas
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