Uno de los factores que demuestran que la operación del Banco Popular estuvo plagada de irregularidades que deberían llevar a la anulación de la resolución es la vulneración de derechos fundamentales que están recogidos tanto en la normativa de la Unión Europea como en la Constitución Española.Sin embargo, cuando los intereses de las entidades financieras se interponen se da la paradoja de que la propia normativa genera excepciones que son ilegales por contrarias al respeto de los derechos fundamentales.
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