El objetivo del Gobierno por mantener el control sobre la regulación del fracking en España está provocando que ponga su maquinaria legal en funcionamiento para cortar cualquier intento por parte de comunidades autónomas u otro organismo que intente limitar, entorpecer o prohibir la actividad. Este es el panorama en el que se enfrentan parlamentos, gobiernos y tribunales en el intento de controlar la extracción de hidrocarburos mediante la inyección de agua a altísima presión en el subsuelo.
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