"En el futuro, un juez tendrá la posibilidad, en caso de condena por fraude fiscal grave, de retirar los derechos políticos del defraudador, de prohibirle el derecho al voto y la capacidad de ser elegido", indicó el primer ministro belga, Charles Michel, en una entrevista con el diario francófono Le Soir. El Gobierno federal belga baraja esta posibilidad en paralelo a la decisión de poner en marcha una nueva regularización fiscal en 2017 que, según sus cálculos, podría aportar al Estado unos 250 millones de euros...
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