La intención gubernamental es "desburocratizar y ampliar el acceso a armas de fuego y municiones en el país". Para ello han modificado los decretos que ellos mismos elaboraron en 2019. Entre los detalles más llamativos, permitir a los profesionales con derecho a porte de armas –Fuerzas Armadas, policías y miembros de la Magistratura o la Fiscalía– comprar hasta seis armas de uso restringido. El límite anterior era de cuatro armas. Otro decreto actualizado permitirá a tiradores y cazadores duplicar su número de armas, llegando a niveles de sesen
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