Río extendió ilegalmente un programa laboral criticado por expertos en derechos humanos como forma de esclavitud moderna. Sistema penal ha dependido del trabajo penitenciario barato en sus cárceles hacinadas y con bajo financiamiento, en las que presos cocinan, limpian y mantienen las dependencias a cambio de unos 145 dólares al mes y una leve reducción de sentencias. Sin embargo el gobierno de Río creó una categoría de “trabajo voluntario” en 2018, bajo la que los prisioneros recibieron una reducción de sentencia por su trabajo pero no salario
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