El gobierno del PP decidió ubicar el ATC en Villar de Cañas, el candidato con peor puntuación de los seleccionados por el anterior gobierno. De esta manera dio a su secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha la mayor inversión del Estado por 970 millones, colocando a personas afines al frente de Enresa para controlarlo todo. En febrero de 2013 Enresa planteó dudas sobre el subsuelo del emplazamiento elegido, incrementó en 28 millones la obra civil y alargó los plazos, lo que supondrá otro coste adicional de 60 millones.
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