Entre enero y agosto de 2022, se han registrado 283 casos, según la estadística del Ministerio del Interior. La estadística oficial ha sido cuestionada después de que el Ministerio del Interior dejara de incluir este dato en los informes anuales que publica el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. Los partidos de la oposición también han criticado trato de favor del Ejecutivo en casos como el de Juana Rivas y María Sevilla, dos madres condenadas tras mediar denuncias por la sustracción de sus hijos y que posteriormente fueron indultadas.
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