Tras la absolución de la vía penal en 2016, dos Juzgados de lo contencioso-administrativo han anulado recientemente las multas que impuso Delegación de Gobierno a los activistas de Antimilitaristes-MOC a través la Ley de Seguridad Ciudadana por falta grave de “intrusión e interferencia en instalación que presta servicios básicos”.
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