La empresa pública, Canal de Isabel II, no recurrió a sus propios letrados, prefirió pagar 20.500 euros al despacho Cuatrecasas. Tampoco utilizó el servicio jurídico de la Comunidad, a pesar de que hay una Ley que reconoce ese derecho desde 1999. Sin embargo, desde hace casi 20 años, ningún Gobierno madrileño ha firmado los convenios necesarios para permitir esa asistencia jurídica pública de sus empresas...
|
etiquetas: canal , pagó , abogados privados , derribo , campo de golf , aguirre , ilegal 
