En algunos círculos políticos se considera que "el Gobierno no va a tener más remedio que dar marcha atrás, como hizo con la tributación de las indemnizaciones por despido. Se ha formado un escándalo enorme, los afectados van a ganar en los tribunales porque es una medida desfavorable retroactiva, incluso con tintes de inconstitucionalidad. Y, además, el propio Ministerio admite que el ahorro es irrelevante.
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