Altos cargos de Podemos en el Govern balear procedentes de otras regiones cobran el plus de 22.000 euros por tener su residencia en la península pese a haberse establecido de facto en Mallorca con su familia. La ley es muy clara al respecto: si el político beneficiario se traslada a vivir a la isla, "debe comunicar esta circunstancia (...) y pierde el derecho a percibir la indemnización"
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