El Supremo multó con 3.000 euros al ex presidente de la Generalitat, hoy prófugo de la Justicia, por "mala fe" en su estrategia procesal por su escaño como eurodiputado y pidió al ICAM que estudiase la apertura de un expediente a su representante legal. No hay amparo para Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha rechazado este martes, por unanimidad, conceder protección al letrado frente al Supremo.
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