Unos 80.000 españoles están privados de poder votar tras ser incapacitados judicialmente por alguna discapacidad intelectual o deterioro cognitivo. Las organizaciones que defienden sus intereses luchan para que la Ley Electoral no recoja la posibilidad de retirarles el derecho de sufragio. Carmen, de 59 años, sufre una discapacidad intelectual pero tiene facultades para acudir a las urnas.
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