Según el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Consorcio madrileño, se podría hacer cumplir la ratio fijada por el Gobierno nacional de una licencia VTC por cada treinta taxis, que fue respaldada por el Tribunal Supremo. De esta forma, la alcaldesa se posiciona del lado de los taxistas y sigue los pasos del Ayuntamiento de Barcelona que en julio aprobaba una normativa que obligaba a los vehículos de Cabify Uber a solicitar al Instituto Metropolitano del Taxi un segundo permiso.
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