Muy al contrario de lo que alega el tribunal, los comentarios realizados por Cassandra desde una cuenta de Twitter con apenas 15.000 seguidores no “producen perplejidad e indignación en la sociedad” sino que es el reproche penal ejercido sobre la tuitera, lo que alarma a una sociedad que ve como las barreras a su libertad de expresión ya avanzan en España a pasos agigantados.
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