El Gobierno de Castilla y León considera que “los intereses económicos y comerciales” de las empresas de residencias están por encima del derecho de los ciudadanos a conocer qué ocurrió durante la pandemia en los geriátricos de la región. Así consta en una orden del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP), firmada el pasado 3 de junio, en la que se deniega el acceso a la información sobre número de fallecidos en los geriátricos privados de la región, solicitada al amparo de la Ley de Transparencia.
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