Castro relata cómo en 2007 la fundación dependiente del Ayuntamiento de Madrid firmó un "Convenio Marco de Colaboración" con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y, de forma demoledora, enumera los pagos desde el ayuntamiento al organismo sin que éste realizara a cambio trabajo alguno. El juez desmonta, tirando de ironía, la naturaleza de dicho convenio, tachándolo de "insólito" por ser "único en su género". Destaca también la "vaguedad" del acuerdo, que hacía "imposible asociar a su realización contraprestación económica alguna".
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