Miquel Bonilla, consejero delegado de Adigsa —empresa que controla las viviendas públicas en Cataluña—, reconoció ante la policía que en la época en que Artur Mas era ‘conseller en cap’ (consejero jefe) del Gobierno catalán, “se adjudicaron una serie de obras sin proceso de licitación reglamentario”. Y subrayó que “la antigua dirección hacía encargos a contratistas sin respetar procedimiento formal alguno, y de las mismas no hay constancia documental”. En total, afirmó el directivo, había unas “100 actuaciones” irregulares.
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