Hay miles de personas en España que consideran que la Administración les ha robado a sus hijos. Pero no sólo lo piensan ellos. Detrás hay abogados, asociaciones y otros colectivos que creen que no les falta razón. A juicio de determinados profesionales, se trata de un Estado que niega el pan y la sal a quien más lo necesita, pero que no duda en pagar 4.000 euros al mes – en el caso más económico- para la atención de un menor en un centro de acogida. Algo rancio está pasando en el sistema. Mientras la sociedad prefiere no creer tanta barbarie.
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