Los datos del informe resultan reveladores: en tres años, de 2011 a 2014, el porcentaje de hogares españoles cuyo miembro de referencia era jubilado, parado o inactivo pasó del 46% al 51,9%; del 24% al 26,8% en el caso de los pensionistas y del 22% al 25,1% en el de los desempleados. Es decir, que más de 9,5 millones de familias dependían de esos ingresos para salir adelante. ¿Qué consecuencias sociales tendría un nuevo crack con esos dos instrumentos de supervivencia desmantelados?
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