El órgano de gobierno de los jueces ha avalado que los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad no empiecen a prescribir hasta que la víctima cumpla 30 años de edad. Ésta es la medida más controvertida del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que ha merecido una valoración general positiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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