CGT denuncia esta situación “no solo porque va en contra de las órdenes que al respecto se publicaron hace poco más de un mes, sino porque además supone un nuevo ejemplo de privatización de servicios públicos, pagando a una empresa por corregir precisamente aquella parte que menos trabajo supone, que son las preguntas de respuesta cerrada”. Pide que “su corrección sea llevada a cabo por funcionarios docentes, tal y como se ha establecido normativamente, y que dicho profesorado sea compensado económicamente, como va a hacer con la empresa".
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