El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes adjudicó el último servicio de socorrismo de las tres piscinas que dependen de la Comunidad de Madrid a un empresario que está siendo investigado en un juzgado de Galicia por fraude en cursos de formación. La empresa ganadora de este contrato (el de la temporada de verano 2017) se llevó la licitación a pesar de que se presentó al concurso con un objeto social muy amplio que incluía "montajes cinematográficos", y con una sola experiencia laboral acreditada en el mundo del socorrismo.
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