Las medidas puestas en marcha en los últimos años en materia de vivienda no se ajustan a las normas internacionales sobre derechos humanos adoptadas por España. Es la conclusión principal que se extrae del informe Derechos Desalojados: el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España, que este martes ha lanzado Amnistía Internacional. En él se pone de manifiesto cómo, tanto el gobierno central como los autonómicos, han implementado políticas públicas alejadas del propósito de garantizar el derecho a la vivienda.
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