El Código que rige esta lucha es la Ley de Prácticas Corruptas Internacionales, promulgada hace 37 años, y que establece la prohibición de ofrecer dinero o regalos a las autoridades a cambio de obtener una ventaja empresarial. Igualmente, se considera delito federal que las empresas sobornen a cualquier funcionario con la intención de obtener negocios o cualquier otra ventaja, una norma que afecta tanto a las empresas estadounidenses como a las extranjeras.
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