El registrador Javier Angulo fue el director de un equipo nombrado por Justicia para desatascar el colapso de los expedientes de nacionalidad. Ese equipo decidió que el Colegio de Registradores pagara 5,1 millones por el software que diseñó una empresa privada llamada Futuver. El administrador de la filial rumana de Futuver era Javier Angulo, es decir, que Angulo decidió que los registradores contrataran el software de su empresa.
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