Según el auto, el juez requiere al director del CIE que se ordene a la empresa privada que tiene adjudicado el servicio de comida que “proporcione a los internos la comida adecuada”, que se les aporte “jarras con agua fría o con hielo, que se informe los internos del derecho de solicitar una alimentación específica (bien por respeto a sus creencias religiosas, o adecuada a enfermedades crónicas, agudas o temporales), y que se proporcione al juzgado la información relativa a la cantidad diaria de euros asignada por comida y por cada interno.
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