Esa sugerencia fue incluida en el capítulo de conclusiones del vasto informe de 4.500 páginas presentado por la comisión y reabre una polémica sobre la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen militar, que hasta hoy impide juzgar a los represores y responsables de torturas, desapariciones y otros crímenes. El documento fue entregado en un acto público a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió en su propia carne la tortura debido a sus vínculos con un grupo que se alzó en arma
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