La obligada reforma de la emblemática Ley Antitabaco para adaptarla a las disposiciones de la última Directiva Europea sobre suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco ha vuelto a poner en el punto de mira a los cigarrillos electrónicos y a su particular entorno regulatorio, que navega en la indefinición entre su consideración como alternativa terapéutica al tabaco tradicional o como producto relacionado con el mismo. Entre otros muchos ámbitos esa indefinición afecta también a su trato fiscal.
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