El Gobierno de Cifuentes no solicitó correctamente la autorización. Durante 10 meses pagó indebidamente 120.000 euros a la empresa de seguridad por vigilantes desarmados, que deberían llevar arma por contrato. No se percataron hasta febrero de este año. Ninguna de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid han estado protegidas por vigilantes armados, a pesar de ser un requisito obligatorio, según el contrato de ‘vigilancia y seguridad de las sedes judiciales madrileñas’ de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid..
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