La Comunitat Valenciana ha triplicado en enero y febrero el límite máximo de 30 días de retraso marcado por el Ministerio de Hacienda sobre el plazo legal previsto para pagar a sus proveedores. La morosidad de la administración valenciana ha sido de 86 días en enero y de 89 días en febrero. Por ese motivo, junto a Aragón y Extremadura, han recibido una comunicación de alerta de Hacienda conforme a lo previsto en la normativa de estabilidad.
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