La sala considera probado que la acusada, farmacéutica de profesión en la localidad de Palomar de Arroyos, desplegó una actividad fraudulenta desde finales de 2011 a 2014 falsificando recetas médicas, aparentemente solicitadas por pacientes de su entorno, y que después eran remitidas para su facturación al Servicio Aragonés de Salud. En total se emitieron y facturaron 274 recetas falsas lo que supone un cargo indebido a la administración sanitaria de 8.699,31 euros.
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