El Juzgado de lo Penal número 1 de Palma ha condenado a una multa de 720 euros, por un delito de desórdenes públicos, a cada uno de los 44 estudiantes que fueron juzgados por ocupar la Conselleria de Educación el 22 de mayo de 2012 para protestar contra los recortes del Govern en materia educativa. Cinco de ellos deberán pagar además otros 90 euros por un delito de lesiones.
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